En Nicaragua, el negocio de la paquetería internacional ha dejado de ser una simple respuesta a la demanda creciente de compras en línea para transformarse en un enclave económico estratégicamente controlado. Lo que en otras partes del mundo opera bajo las dinámicas del mercado y la competencia, en este país centroamericano funciona según una lógica de privilegio y poder: sólo quienes cuentan con el aval de los círculos familiares del régimen pueden prosperar en este lucrativo sector.
Desde el año 2020, ha surgido un auge significativo de compañías especializadas en el envío directo desde países como Estados Unidos, China, Panamá o España. Empresas con nombres actuales y promesas de agilidad lideran tanto en redes sociales como en plataformas digitales, brindando servicios de entregas veloces y sin complicaciones aduaneras. Sin embargo, detrás de este crecimiento se esconde un control limitado en el cual las aprobaciones no se logran por medio de licencias o por cumplir normativas, sino a través de relaciones personales con individuos de la élite del gobierno.
La configuración actual está orientada a beneficiar a un grupo limitado. Empresas respaldadas por parientes de altos ejecutivos pueden acceder a tarifas establecidas por contenedor, evitando los impuestos convencionales que otros importadores deben abonar. Por ejemplo, una camisa que vale 60 dólares puede entrar al país por dos o tres dólares si se utiliza el servicio de estas compañías. Por otro lado, si se importa de manera regular, se requiere pagar un impuesto del 30%, lo que incrementa notablemente su costo.
Este sistema provoca una gran disparidad en los ingresos tributarios y también altera la competencia. Los importadores oficiales, las agencias de aduanas y los gestores autónomos encuentran crecientes dificultades para funcionar. Señalan que, mientras ellos deben hacer fila desde las 4:00 a.m. para tratar de ser atendidos por la Aduana, las compañías favorecidas obtienen un trato privilegiado, deteniendo incluso el funcionamiento del resto del sistema cuando llega una de sus «cargas específicas».
Además, estas compañías funcionan como importadoras y agentes aduanales simultáneamente, lo que les da la posibilidad de manejar códigos de aduanas y abonar impuestos muy reducidos. Incluso sin contar con permisos formales, disfrutan de un apoyo institucional implícito que les posibilita operar sin restricciones. Sus actividades no solo constituyen una competencia injusta, sino también una amenaza para el sistema económico nacional.
La cadena de mando se extiende más allá de los descendientes directos de los líderes. Nietos, miembros de la familia política y personas de confianza son responsables de manejar sectores de negocios designados, atraer nuevos empresarios bajo sus reglas y asegurar fidelidad a cambio de seguridad. A los nuevos interesados se les exige reunirse con estas personas, quienes establecen precios, rutas y términos laborales.
Este modelo, aunque disfrazado de emprendimiento moderno, es en realidad un sistema feudal de concesiones, donde el mercado es una fachada y el clientelismo, la norma. Se estima que cada contenedor puede generar hasta 60,000 u 80,000 dólares en ganancias, dependiendo de las tarifas por libra cobradas. Un margen de beneficio solo posible por la evasión de tributos y la complicidad institucional.
En paralelo, las instituciones públicas que deberían regular este comercio han sido instrumentalizadas para favorecer este ecosistema cerrado. Aduanas, ingresos y hasta la policía actúan como barreras para quienes están fuera del círculo de privilegio, mientras los cercanos disfrutan de un entorno operativo blindado y rentable.
El caso de la paquetería en Nicaragua refleja con claridad cómo el poder político puede capturar sectores enteros de la economía para convertirlos en fuentes privadas de enriquecimiento. Lo que debería ser un servicio más en la era del comercio digital se ha transformado en un símbolo del control autoritario y de la corrupción institucionalizada.
