Esta semana, el gobierno inicia el proceso que culminará con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Las actividades incluyen las reuniones el lunes de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ), y la aprobación del Consejo Ministerial sobre el marco macroeconómico y posiblemente el “techo del gas” este martes.
En las reuniones con los ayuntamientos de la CNAL y con los consejeros regionales del CPFF, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dará a conocer los objetivos de déficit y recursos fijados para estos organismos gubernamentales para el próximo año.
En el marco macroeconómico, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Bodi, anunció que el jueves el Gobierno revisará al alza su previsión de crecimiento del PIB para este año, hasta 2025. Aunque aún no se han dado a conocer las cifras exactas, confirmó Bodi. que las perspectivas para 2024 elevarán el crecimiento del PIB desde el 2% actual hasta aproximadamente el 2,5%, mientras que para 2025 la previsión es del 1,9%.
El Banco de España prevé un crecimiento del PIB del 2,3% este año y del 1,9% en 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un 2,4% este año y un 2,1% el próximo, y la Comisión Europea prevé un 2,1% para 2024 y un 1,9% para 2025.
Al mismo tiempo, el gobierno inició negociaciones para asegurar los PGE para 2025, buscando el apoyo de varios países a través de la “geometría variable”, estrategia utilizada en el pasado para aprobar diferentes regulaciones.
Fuentes del Ejecutivo compartieron con Servimedia detalles de los nuevos presupuestos, destacando el “arma de emergencia” anunciada por Hacienda el mes pasado. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a los ministros a fijar sus prioridades y presupuestos.
El contexto político es complejo, especialmente en Cataluña, donde en las elecciones del 12 de mayo ganó el socialista Salvador Illa, pero aún no hay candidato para una institución ni disposiciones para su jubilación. Las negociaciones se han estancado, aunque no han sido suspendidas, según fuentes del Ejecutivo.
Para facilitar la aprobación de los primeros pasos de los PGE, el gobierno incluyó en la Ley de Igualdad un compromiso de eliminar el veto del Senado sobre los objetivos de déficit, permitiendo que sean aprobados únicamente por el Congreso. Esta medida desató un debate jurídico tras ser introducida por el PP en el Congreso. Con todo ello, el objetivo de Montero es presentar el proyecto de presupuesto en octubre.