El pasado 17 de junio de 2025, la Policía Nacional de Nicaragua anunció la entrada en vigor de un nuevo límite general de velocidad: 50 km/h para vehículos privados, de carga y transporte público, y 40 km/h para motocicletas. Además, se impuso la prohibición de transportar niños en motocicletas, una medida que rápidamente generó rechazo entre conductores, transportistas y ciudadanos.
1. Aplicación sin soporte jurídico
La medida fue comunicada mediante una nota interna de la Policía de Tránsito, sin modificaciones formales a la normativa vigente —la Ley 431— que establece los límites anteriores en 100 km/h en carretera y 60 km/h fuera de zonas urbanas. El anuncio se hizo sin señalización actualizada ni consulta previa a sectores relacionados. Esto ha llevado a que muchos la consideren una disposición errática o improvisada, carente de base técnica y de coordinación institucional.
2. Efectos sobre la circulación y la logística
Conductores de autobuses de cooperativas que operan entre localidades, particularmente en trayectos como Carazo–Managua, han expresado que los tiempos de viaje podrían incrementarse significativamente. Un recorrido que generalmente dura una hora y 15 minutos podría extenderse hasta 2 horas y 30 minutos, afectando no solo los horarios planificados, sino también el uso de combustible y la efectividad del servicio.
La notable disminución del límite de velocidad en las carreteras—sin importar si son zonas urbanas o no—afecta igualmente al transporte de carga, ya que se incrementan las demoras en la logística y los gastos operacionales, lo cual podría derivar en modificaciones en los precios para los consumidores.
3. Señalización deficiente y contradicciones normativas
Aunque la medida actual ya se implementó, la señalización aún muestra los límites anteriores: 45 km/h en áreas urbanas, 60 km/h en las afueras y 100 km/h en vías principales centroamerica360.com+3laprensani.com+3laprensani.com+3. Esta inconsistencia genera confusión en los conductores y aumenta la probabilidad de recibir multas por violaciones que no se anticipan en la normativa.
4. Alegaciones de intenciones recaudatorias
Profesionales en seguridad en las rutas han señalado que, sin análisis técnicos, armonizar los límites de velocidad a nivel del país podría tener consecuencias negativas, tales como embotellamientos, incremento en el uso de combustible y accidentes en zonas donde la velocidad moderada no es la causa fundamental de los sucesos.
Además, se señala que el cambio coincide con un aumento sistemático en la recaudación por multas de tránsito en los últimos años, lo que genera sospechas sobre un posible interés en utilizar los retenes y radares para financiar al Estado.
5. Análisis por región y separación
Con la reducción a 50 km/h en todo el país —y a 40 km/h para motocicletas—, Nicaragua se convierte en el país con las restricciones de velocidad más estrictas de Centroamérica, particularmente notable dado su tamaño y densidad de carreteras. En contraste, países vecinos como Costa Rica, Honduras o Panamá mantienen límites superiores (80–110 km/h en autopistas).
Este ajuste no solo implica una separación de las normas locales, sino que también provoca problemas en los trayectos nacionales que unen ciudades alejadas, dificultando la unificación comercial y el movimiento entre departamentos.
6. Restricción para motociclistas
La medida para impedir que los menores sean trasladados en motocicletas fue introducida con el fin de salvaguardar vidas, en particular debido a que los accidentes causados por alta velocidad y conducir bajo la influencia del alcohol son motivos frecuentes de incidentes en la carretera. No obstante, esta regulación ha sido vista como demasiado estricta por grupos de mototaxistas y familias que necesitan del transporte en moto para su día a día, quienes critican la ausencia de opciones viables.
7. Legalidad y control institucional
Expertos jurídicos indican que las autoridades policiales carecen de la facultad para alterar los límites de velocidad sin una reforma legislativa sancionada por la Asamblea Nacional. Sin un debate público o técnico, las sanciones podrían ser cuestionables por motivos de inconstitucionalidad, aunque en efecto esto dependerá del desempeño del sistema judicial.
8. Opinión pública y plataformas sociales
La reacción social no se hizo esperar: en redes los usuarios han respondido con sarcasmo e ironía. Comentarios como “hay que salir una semana antes para llegar”, “todos a comprar bicicletas” o “ni las caponeras van tan despacio” reflejan el escepticismo y humor frente a una prohibición vista como arbitraria.
9. Prevención de accidentes de tráfico o supervisión gubernamental
Si bien la reducción de accidentabilidad puede ser una justificación válida —incluso algunas autoridades repiten que “vale más una vida que un camión”— , críticos destacan que esta medida se enmarca en una estrategia de control social, reforzada por un incremento de sanciones, multas y retenciones, más que en una política pública integral de seguridad vial.
Para que la acción resulte efectiva y equitativa, los expertos aconsejan:
- Llevar a cabo investigaciones técnicas y simulaciones, distinguiendo entre tipos de camino y circunstancias particulares.
- Renovar la señalización de carreteras antes de implementar acciones.
- Garantizar un proceso legislativo claro, basado en ciencia y con la consulta adecuada.
- Ofrecer opciones de transporte, especialmente en motocicletas.
