El 17 de junio de 2025, la Policía Nacional de Nicaragua comunicó la implementación de un nuevo límite de velocidad: 50 km/h para autos privados, camiones y transporte público, y 40 km/h para motocicletas. Además, se estableció la prohibición de llevar niños en motocicletas, una decisión que inmediatamente provocó desacuerdo entre conductores, transportistas y ciudadanos.
1. Aplicación sin soporte jurídico
La decisión fue notificada a través de una circular interna de la Policía de Tránsito, sin realizar modificaciones oficiales a la normativa actual —la Ley 431— que fija los límites previos en 100 km/h en vías y 60 km/h fuera de zonas urbanas. El aviso se emitió sin señales modificadas ni consulta con sectores implicados. Esto ha llevado a que muchos la perciban como una medida inconsistente o repentina, sin soporte técnico ni coordinación institucional.
2. Impacto en la movilidad y logística
Transportistas de cooperativas interlocales, especialmente en rutas como Carazo–Managua, han advertido que los tiempos de viaje podrían duplicarse. Un trayecto que normalmente toma una hora y 15 minutos podría alargarse hasta 2 horas y 30 minutos, lo que repercute no solo en los horarios pautados, sino también en el consumo de combustible y en la eficiencia del servicio
La reducción drástica del límite en carreteras—sin distinción de tramos urbanos o interurbanos—también impacta el transporte de mercancías, pues aumentan los retrasos logísticos y los costos operativos, desencadenando posibles ajustes en precios al consumidor.
3. Mala señalización y conflictos normativos
A pesar de que la nueva medida entró en vigor, la señalización sigue reflejando los límites legales anteriores: 45 km/h en zonas urbanas, 60 km/h fuera de ellas y 100 km/h en carreteras centroamerica360.com+3laprensani.com+3laprensani.com+3. Esta contradicción provoca confusión entre conductores y eleva la posibilidad de sanciones por infracciones no previstas por ley.
4. Acusaciones de afán recaudatorio
Profesionales en seguridad en las rutas han señalado que, sin análisis técnicos, armonizar los límites de velocidad a nivel del país podría tener consecuencias negativas, tales como embotellamientos, incremento en el uso de combustible y accidentes en zonas donde la velocidad moderada no es la causa fundamental de los sucesos.
Por otra parte, se indica que la modificación coincide con un incremento constante en los ingresos provenientes de multas de tráfico en años recientes, lo que despierta dudas sobre un posible propósito de emplear los retenes y radares para obtener recursos para el Estado.
5. Comparación regional y aislamiento
Con la disminución a 50 km/h a nivel nacional —y a 40 km/h para motos—, Nicaragua se transforma en el país con las limitaciones de velocidad más rigurosas de Centroamérica, especialmente destacado considerando su tamaño y densidad de vías. A diferencia de esto, naciones cercanas como Costa Rica, Honduras o Panamá conservan límites más altos (80–110 km/h en carreteras principales).
Este cambio no solo representa un aislamiento respecto a estándares regionales, sino que también genera inconvenientes en rutas nacionales que conectan centros urbanos distantes, complicando la integración comercial y el desplazamiento interdepartamental.
6. Restricción para motociclistas
La prohibición de transportar menores en motocicletas se presentó como una medida para proteger la vida, especialmente considerando que los accidentes por exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol son causas comunes de siniestros viales. Sin embargo, esta restricción ha sido considerada excesiva por colectivos de mototaxis y familias que dependen del transporte en moto para actividades cotidianas, y denuncia falta de alternativas accesibles.
7. Legalidad y control institucional
Expertos jurídicos indican que las autoridades policiales carecen de la facultad para alterar los límites de velocidad sin una reforma legislativa sancionada por la Asamblea Nacional. Sin un debate público o técnico, las sanciones podrían ser cuestionables por motivos de inconstitucionalidad, aunque en efecto esto dependerá del desempeño del sistema judicial.
8. Opinión pública y plataformas sociales
La respuesta social fue rápida: en las redes, los usuarios han reaccionado con sarcasmo e ironía. Comentarios como «debemos salir una semana antes para llegar», «todos a adquirir bicicletas» o «ni las mototaxis van tan lento» muestran el escepticismo y humor ante una prohibición considerada arbitraria.
9. Seguridad vial o control político
Aunque la disminución de accidentes podría ser una razón válida —muchas autoridades insisten en que “una vida vale más que un camión”—, los críticos señalan que esta acción forma parte de una táctica de control social, apoyada por un aumento en sanciones, multas y retenciones, en lugar de ser una política pública completa de seguridad vial.
Para que la acción resulte efectiva y equitativa, los expertos aconsejan:
- Realizar estudios técnicos y pilotos, diferenciando entre tipos de vía y condiciones específicas.
- Actualizar la señalización vial antes de aplicar medidas.
- Asegurar un proceso legislativo transparente, con respaldo científico y debida consulta.
- Facilitar alternativas de transporte, especialmente en motocicletas.
