En una acción que ha provocado diversas respuestas globalmente, los gobiernos de Nicaragua y Rusia suscribieron un pacto de colaboración legal con el fin de resguardarse mutuamente frente a procesos en cortes internacionales. Esta colaboración se inscribe dentro de una serie de tácticas bilaterales que han consolidado sus relaciones diplomáticas, políticas y militares en los años recientes.
El pacto fue formalizado mediante la suscripción de un memorando de entendimiento entre las fiscalías generales de ambos países. Su objetivo principal es establecer mecanismos de colaboración para enfrentar demandas y procesos judiciales que, según ambas partes, podrían tener motivaciones políticas o carecer de fundamentos jurídicos sólidos. Con este acuerdo, Nicaragua y Rusia buscan compartir información legal, coordinar respuestas procesales y ofrecer asistencia recíproca en foros internacionales.
La firma del documento se produjo en un contexto de creciente aislamiento internacional para ambos gobiernos. Nicaragua ha sido objeto de diversas denuncias por violaciones a los derechos humanos, persecución de opositores, cierre de medios de comunicación y restricciones a las libertades fundamentales. Rusia, por su parte, enfrenta múltiples procesos en instancias como la Corte Penal Internacional, especialmente vinculados a la guerra en Ucrania y otras operaciones militares en el exterior.
Funcionarios de ambos países han calificado el acuerdo como una herramienta para defender su soberanía y resistir lo que describen como “instrumentalización de la justicia internacional” por parte de países occidentales. También han señalado que el pacto busca preservar la estabilidad interna frente a presiones externas que, a su juicio, buscan debilitar a gobiernos independientes y no alineados.
Desde el punto de vista jurídico, el memorando no impide que procesos en curso en cortes internacionales sigan su curso. Sin embargo, podría dificultar la cooperación de las partes firmantes con instancias que requieran colaboración activa para el avance de casos que involucren a funcionarios, entidades o ciudadanos de ambos países. La medida también podría interpretarse como un mensaje de disuasión hacia actores que impulsen nuevas acciones legales en organismos multilaterales.
Expertos globales han mostrado inquietud por el pacto, viéndolo como un indicio del fortalecimiento de una coalición autoritaria que intenta desacreditar los sistemas judiciales internacionales. Simultáneamente, se señala que esta coalición podría impactar en el ámbito diplomático, ocasionando mayores tensiones en las relaciones de Nicaragua y Rusia con entidades regionales e internacionales que respaldan la democracia y el estado de derecho.
El convenio complementa a otras herramientas de colaboración establecidas últimamente entre Managua y Moscú, que incluyen desde apoyo militar y transferencia tecnológica hasta cooperación en los campos educativo, energético y de ciberseguridad. En especial, ha destacado el incremento del apoyo político que Nicaragua ha brindado a Rusia en foros mundiales, donde ha votado en oposición a resoluciones que rechazan la invasión a Ucrania o que impulsan sanciones.
Internamente, las autoridades de Nicaragua han elogiado el convenio como un progreso clave en su política internacional y como parte de un «nuevo orden multipolar» que desafía la supremacía de Occidente. Sin embargo, para los sectores opositores y las organizaciones de derechos humanos, el acuerdo simboliza un esfuerzo por protegerse contra la responsabilidad por presuntas violaciones y abusos perpetrados por el Estado.
Para Rusia, la cooperación con Nicaragua se incorpora a una serie de acuerdos con otras naciones de América Latina, Asia y África que han sido elegidos estratégicamente para respaldar la narrativa del Kremlin sobre la importancia de desafiar el dominio legal y político de Occidente. La suscripción de este nuevo acuerdo jurídico fortalece esa estrategia y sitúa a Nicaragua como uno de los socios más próximos de Moscú en el continente americano.
