El gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de un impuesto del 18% sobre todas las importaciones de Nicaragua, en lo que se ha denominado como la acción comercial más rigurosa implementada contra una nación de América Latina bajo la política arancelaria actual. Esta determinación, que se hará efectiva desde el 7 de agosto, supone un fuerte impacto para la economía de Nicaragua, que depende de Estados Unidos como su principal socio de comercio.
La medida se inscribe en el marco de una orden ejecutiva emitida en abril pasado, cuando el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, declaró una emergencia nacional respecto al comercio exterior, con el argumento de proteger la economía de Estados Unidos de lo que calificó como prácticas injustas por parte de gobiernos extranjeros. Nicaragua fue uno de los países señalados directamente en ese pronunciamiento, lo que permitió avanzar hacia la imposición de tarifas superiores a las aplicadas a otros socios comerciales de la región.
El reciente impuesto se implantará universalmente sobre todos los artículos nicaragüenses que entren en el mercado de Estados Unidos, abarcando una variedad de productos como textiles, artículos agrícolas, tabaco, carne, café y otros bienes manufacturados que constituyen una porción notable de las exportaciones del país centroamericano.
Hasta este momento, Nicaragua contaba con un acceso privilegiado al mercado de los Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), permitiendo que muchas de sus exportaciones entraran exentas de aranceles. No obstante, la reciente decisión revoca en la práctica ese privilegio respecto a Nicaragua, justificándose en razones de interés nacional y respaldada por disposiciones de emergencia.
Los expertos en economía han señalado que la decisión impactará de manera inmediata a las compañías exportadoras de Nicaragua, muchas de las cuales no tienen la capacidad de asumir el incremento en los costos para acceder al mercado de Estados Unidos. El sector privado calcula que al menos la mitad de las exportaciones nacionales sufrirá repercusiones directas, lo que podría provocar una reducción notable en el volumen de ventas al exterior, afectando el empleo, las inversiones y el desarrollo económico.
Además, el arancel del 18% impone a Nicaragua una desventaja competitiva notable frente a otros países centroamericanos que continúan exportando bajo el régimen preferencial. Mientras naciones como Honduras, El Salvador y Guatemala mantienen un arancel general del 10% tras la revisión comercial reciente, Nicaragua queda en una posición menos favorable para competir en precios y condiciones.
Desde el gobierno nicaragüense no ha habido una reacción oficial contundente, aunque fuentes diplomáticas han señalado que se buscará activar mecanismos de diálogo bilateral para revisar la decisión. También se evalúan alternativas de diversificación de mercados, con miras a reducir la dependencia del mercado estadounidense, aunque en el corto plazo las posibilidades son limitadas.
Varias asociaciones empresariales han pedido a los líderes nacionales una reacción oficial definida para mitigar el impacto financiero de la medida y para desarrollar urgentemente planes que ayuden a mantener los puestos de trabajo en sectores frágiles como la agroindustria y la maquila de textiles.
En el ámbito regional, la decisión ha generado preocupación por el precedente que podría sentar para otros países. Aunque la medida se concentra en Nicaragua, analistas apuntan a que abre la puerta a una interpretación más flexible del principio de reciprocidad en acuerdos comerciales y evidencia una creciente tendencia hacia el proteccionismo unilateral.
Economistas resaltan que Nicaragua deberá afrontar varios desafíos en los meses siguientes, como la reconfiguración de su política de comercio, el fomento de inversiones extranjeras en sectores poco convencionales y la identificación de nuevos mercados, especialmente en Asia y Sudamérica. No obstante, cualquier táctica de reemplazo demandará tiempo, y el efecto inmediato de dicha acción podría manifestarse en una reducción económica en lo que queda del año.
La imposición del arancel más alto de la región ubica a Nicaragua en el centro de las tensiones comerciales hemisféricas, y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las actuales relaciones comerciales en un entorno de creciente incertidumbre y redefinición de alianzas internacionales.
