La Asamblea Nacional de Nicaragua dio luz verde rápidamente a una ley que confiere al Estado completo control sobre un corredor de 15 kilómetros a lo largo de todas sus fronteras, tanto en tierra como en mar. La propuesta normativa fue introducida por legisladores sandinistas y sus socios, y fue aprobada de manera unánime durante la sesión legislativa.
Según lo explicado por los legisladores, la Ley de Territorio Fronterizo tiene como objetivo central garantizar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional. La franja delimitada desde cada línea fronteriza convencional hacia el interior del país será considerada parte del territorio exclusivo del Estado nicaragüense. Esta medida busca oficializar el control de una zona clave para la prevención de actividades ilícitas transfronterizas como el narcotráfico, lavado de activos y trata de personas.
La reciente normativa elimina la previa Ley de Régimen Jurídico de Fronteras (Ley 749), haciendo más sencillo el sistema anterior. En vez de categorizar la zona en subregiones con regulación compartida entre lo público y lo privado, la normativa vigente centraliza la supervisión bajo control estatal y, especialmente, bajo la administración del ejército. Así, las autoridades pretenden mejorar la colaboración institucional para enfrentar amenazas externas y el aumento de la inseguridad en áreas fronterizas.
Diputados oficialistas han defendido el cambio argumentando que no afecta a residentes locales ni limita sus actividades cotidianas dentro de la franja. Aseguran que se mantiene su derecho a habitar, trabajar o comerciar, siempre dentro del nuevo marco jurídico de control estatal.
Este cambio legislativo tiene lugar en un ambiente regional caracterizado por políticas represivas parecidas. El gobierno de Managua ha consolidado en años recientes una estructura institucional de monitoreo y control, claramente manifestada desde la modificación de la Ley de Migración y el Código Penal, que castigan el cruce fronterizo por rutas no permitidas con cárcel y multas. Estas políticas han provocado tensiones con naciones vecinas, especialmente Costa Rica, a donde miles de nicaragüenses han buscado asilo o un paso seguro.
Expertos en derechos humanos y organismos internacionales han denunciado una estrategia sistemática del Ejecutivo nicaragüense para consolidar el control territorial y estatal, al tiempo que debilita contrapesos institucionales. La ONU advirtió que el régimen ha desmantelado las últimas barreras institucionales que contendrían su poder, y que opera una estructura de inteligencia y represión diseñada para identificar, vigilar y neutralizar voces críticas.
Desde diciembre pasado, el Gobierno legalizó la práctica de negar la entrada o salida a ciudadanos considerados opositores. Decenas de exiliados, periodistas y activistas han sido desterrados de facto o vetados en los aeropuertos nacionales, en un mecanismo que ahora cuenta con respaldo legal y sanciones formales. Se han documentado múltiples casos de ciudadanos a quienes se les impidió regresar al país, incluyendo mujeres, niños y personas sin vínculo político, lo cual ha generado alarma internacional.
En paralelo, en zonas como la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio Río San Juan, se han denunciado ocupaciones ilegales de tierras por colonos respaldados por el Gobierno. La tala y minería clandestina apoyada por programas estatales ha generado desplazamientos indígenas y una crisis ambiental en la frontera con Costa Rica, evidenciando una expansión territorial respaldada por el aparato del Estado.
La ley aprobada este mes no solo institucionaliza un control territorial, sino que también refuerza un modelo político que concentra poder en el Ejecutivo y amplía su control sobre el Ejército y otras instituciones. En marzo pasado, una reforma constitucional elevó a la vicepresidenta Rosario Murillo como jefa suprema de las fuerzas armadas, consolidando la alianza con el presidente Daniel Ortega.
Aunque el Legislativo sostiene que estas medidas fortalecen la seguridad nacional, críticos advierten sobre el riesgo de militarización y reprimendas locales. La fusión institucional entre partido y Estado ha generado aislamiento internacional. Nicaragua ha sido excluida de organismos como la ONU, la OEA, la FAO y la UNESCO. Organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones sistemáticas de libertades civiles y una crisis institucional que afecta a miles de personas.
Con la reciente normativa, la nación avanza formalmente hacia un sistema de control fronterizo estatal total. La demarcación de la zona implica una militarización legal de áreas tradicionalmente abiertas, representando una afirmación simbólica y práctica de autoridad que modifica la lógica territorial del país. En un escenario donde el exilio y la represión continúan en aumento, esta acción fortalece la narrativa de un poder central casi ineludible.
Nicaragua inicia de esta manera un nuevo período de control territorial, una fase legal que fortalece una soberanía al mismo tiempo simbólica y opresiva, impactando directamente a las comunidades en la frontera y a la política exterior en la región.
