A pesar de contar con una de las mayores reservas de litio del mundo, Bolivia no ha logrado transformar esta riqueza natural en una palanca de desarrollo económico. A pocos días de las elecciones presidenciales, el debate sobre el futuro del llamado «oro blanco» vuelve a ocupar un lugar central, mientras el país atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas. La combinación de decisiones políticas erráticas, fallos técnicos, resistencia social y un contexto internacional complejo ha postergado por casi dos décadas la consolidación de un modelo de aprovechamiento sostenible del litio.
El sueño que no se concreta
Desde el año 2008, cuando el presidente de aquel entonces, Evo Morales, hizo público el proyecto de industrialización del litio, Bolivia despertó interés tanto dentro como fuera de sus fronteras. Era una iniciativa ambiciosa que no solo pretendía la extracción de litio, sino también la fabricación de baterías y automóviles eléctricos completamente desarrollados en el territorio nacional. No obstante, después de varios intentos infructuosos de colaboración con compañías internacionales y la proclamación de una «soberanía del litio» respaldada por fondos estatales, los logros han sido escasos.
Hasta el momento, Bolivia dispone de una única planta estatal cuya producción es tan reducida que no aparece en los registros internacionales. Las inversiones de millones no alcanzaron las metas establecidas, y la carencia de experiencia técnica, junto con una política de aislamiento, han obstaculizado el desarrollo de una cadena de producción competitiva.
Nuevos intentos, viejos obstáculos
En un contexto marcado por la necesidad urgente de divisas y crecimiento económico, el gobierno del presidente Luis Arce promovió nuevas asociaciones con empresas extranjeras. Propuso un contrato con firmas de China y Rusia para implementar la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), considerada más eficiente y menos contaminante. Sin embargo, el proyecto enfrentó una fuerte resistencia en la Asamblea Legislativa, donde se cuestiona la transparencia del proceso, así como la idoneidad técnica de las compañías seleccionadas.
Las críticas también apuntan a la falta de consulta previa con comunidades locales, especialmente en áreas cercanas al Salar de Uyuni, donde preocupa el uso intensivo de agua y la ausencia de medidas claras de remediación ambiental. La participación de empresas estatales no especializadas en minería, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la evaluación técnica de las licitaciones ha sido otro punto controversial.
Un problema económico sin respiro
La disputa en torno al litio se da en un momento de alta fragilidad económica. La inflación interanual ha alcanzado niveles no vistos desde los años ochenta, las reservas internacionales están al borde del agotamiento y la escasez de combustible y alimentos genera protestas en varias regiones del país. Las largas filas para acceder a productos básicos son parte del paisaje cotidiano, mientras la incertidumbre política y social impide alcanzar acuerdos duraderos.
La división interna del Movimiento al Socialismo (MAS), separando a Evo Morales y Luis Arce, ha detenido decisiones importantes. Esta escisión política ha debilitado la capacidad de gobernar y ha impactado en la confianza hacia los intentos de promover el desarrollo del litio, sea a través de modelos estatales o mediante asociaciones con inversión extranjera.
La perseverancia de las comunidades
Uno de los factores más determinantes en el estancamiento del litio es la desconfianza de las comunidades indígenas hacia cualquier modelo que no garantice beneficios locales. La experiencia histórica con otros recursos naturales, como el gas o el agua, ha dejado un legado de promesas incumplidas y una percepción de exclusión. Este contexto social condiciona cualquier avance, especialmente si no se respetan mecanismos de consulta previa ni se ofrecen garantías de reparto equitativo de los beneficios.
Organizaciones ambientalistas también han advertido sobre los riesgos de una explotación intensiva sin regulaciones claras. El litio, si bien estratégico, requiere un manejo responsable y sostenible que contemple tanto el impacto ecológico como la inclusión de actores locales en la toma de decisiones.
Entre la urgencia y la incertidumbre
Con elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto, el futuro del litio en Bolivia queda en suspenso. La falta de consensos y la desconfianza hacia los actores involucrados han convertido este recurso, alguna vez presentado como la llave del desarrollo, en un símbolo de oportunidades perdidas. Sea cual sea el resultado electoral, el próximo gobierno enfrentará el desafío de definir una estrategia clara y viable para el aprovechamiento del litio.
La creación de un entorno jurídico que facilite colaboraciones público-privadas, la capacitación profesional de las entidades encargadas del manejo de recursos, la claridad en los procesos de adjudicación y el respeto por los derechos de las comunidades locales serán requisitos esenciales para desatascar un trámite que ha estado estancado por más de 15 años.
Bolivia posee una de las mayores riquezas minerales del planeta, pero convertir esa ventaja en desarrollo requiere más que discursos. Implica decisión política, capacidad técnica y, sobre todo, una visión de país que priorice el bienestar colectivo por encima de los intereses de corto plazo. El «Dubái del oro blanco» sigue siendo, por ahora, una promesa sin cumplir.
