La relación entre Estados Unidos y Nicaragua continúa generando controversias, particularmente por las señales contradictorias que Washington ha enviado en torno al trato hacia el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mientras la Casa Blanca mantiene un discurso de condena ante las violaciones a los derechos humanos y el desmantelamiento de la democracia en el país centroamericano, al mismo tiempo mantiene activos canales de cooperación económica que benefician al propio gobierno nicaragüense.
Esta contradicción aparente ha ocasionado críticas tanto en los sectores opositores nicaragüenses como entre analistas internacionales, los cuales indican que la política de Estados Unidos hacia Nicaragua no es consistente. Por una parte, se sostienen sanciones individuales contra miembros del régimen y se denuncia abiertamente la represión hacia la sociedad civil; pero por otra, se tolera la continuidad de vínculos comerciales e incluso algunos apoyos financieros indirectos que acaban beneficiando al aparato gubernamental controlado por el oficialismo.
Un ejemplo de esta dualidad se observa en la continuidad de las importaciones de productos nicaragüenses dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). Nicaragua sigue siendo favorecida por este acuerdo, lo que les otorga acceso preferido a uno de sus principales destinos de exportación. Al mismo tiempo, las compañías estadounidenses continúan sus actividades en el país y producen ingresos notables en áreas como la textil, energía y agroindustria, sin que haya una ruptura o una presión económica más fuerte.
A pesar de que Estados Unidos ha aplicado sanciones específicas a figuras del entorno de Ortega, como miembros de su familia, magistrados electorales o altos mandos de las fuerzas de seguridad, estas medidas han resultado insuficientes para provocar cambios sustanciales en el comportamiento del régimen. La concentración del poder político, el encarcelamiento de opositores, la proscripción de partidos y la persecución religiosa continúan sin mayores obstáculos.
Representantes del Departamento de Estado han reafirmado su apoyo hacia la población nicaragüense y han criticado las violaciones por parte del gobierno. No obstante, las medidas tangibles no han mostrado la misma fuerza que sus palabras. La inclusión de Nicaragua en el CAFTA-DR ha sido un tema central de discusión, debido a que proporciona recursos económicos importantes al régimen, lo que, en la práctica, disminuye el impacto de otras sanciones.
Algunos expertos afirman que la precaución de Washington obedece a una lógica geopolítica más extensa. El temor al progreso de países como China y Rusia en América Latina, sobre todo en naciones con gobiernos autoritarios como Nicaragua, ha impulsado al gobierno estadounidense a elegir una táctica menos agresiva, para no inclinar al régimen más hacia esos socios.
Sin embargo, grupos de la comunidad nicaragüense en el extranjero y entidades que protegen los derechos humanos han subrayado la necesidad de implementar una estrategia más contundente. Entre las medidas sugeridas se incluye la exclusión de Nicaragua del CAFTA-DR, la restricción de acceso a financiación internacional mediante instituciones multilaterales, y una colaboración más estrecha con aliados de la región para ejercer presión sobre el gobierno desde diversas áreas.
En el ámbito de la diplomacia, la participación de Nicaragua en foros internacionales se ha vuelto más solitaria. El país ha disminuido su involucramiento en entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que informó su salida, y ha clausurado vías de comunicación con varias embajadas. Sin embargo, conserva relaciones estratégicas con naciones como Irán, Rusia, China y Corea del Norte, lo cual ha suscitado inquietud en Washington por la posibilidad de que el gobierno nicaragüense emplee estos lazos como defensa contra posibles presiones del exterior.
La situación presente muestra una contradicción en la política exterior de Estados Unidos respecto a Nicaragua: se condena a la dictadura, pero se continúa permitiendo un flujo económico y comercial. Entretanto, los nicaragüenses siguen padeciendo represión política, exilios obligados y un debilitamiento institucional. El reto que enfrenta Washington es hallar un balance entre la protección de los derechos humanos y sus intereses estratégicos en la región, una labor que, hasta el momento, ha generado más interrogantes que soluciones.
