Las autoridades de Nicaragua han aumentado las acciones de monitoreo y control sobre las operaciones financieras en el país, en una táctica que busca concentrar aún más el manejo económico bajo la supervisión del estado. Este incremento en las regulaciones ocurre en un entorno de mayor presión sobre el sector privado y un reajuste del sistema financiero nacional, limitando la autonomía operativa tanto de las instituciones como de los individuos.
Una de las acciones más importantes implementadas últimamente fue aumentar los métodos de control sobre actividades financieras vistas como “sensibles” por el gobierno. Entre estas se encuentran transferencias al extranjero, contribuciones a ONG, operaciones con criptomonedas y eventos de financiamiento colectivo. Las entidades financieras han sido dirigidas a reportar sin demora cualquier transacción que, de acuerdo con las pautas oficiales, pueda estar relacionada con actividades “inusuales” o “sospechosas”.
Este nuevo enfoque se justifica desde el Ejecutivo como parte de un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras prácticas ilícitas. Sin embargo, diversos sectores han señalado que estas políticas también han sido utilizadas como herramientas para restringir el espacio cívico, limitar la operación de organizaciones independientes y ejercer presión sobre actores económicos que no se alinean con las prioridades del gobierno.
Además, se han emitido nuevas disposiciones que obligan a las entidades financieras a compartir de forma más frecuente y detallada la información de sus clientes con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), órgano que ha adquirido un papel protagónico en el rastreo de movimientos financieros. Esta centralización de datos ha generado inquietud entre analistas financieros, quienes advierten sobre un ambiente de mayor incertidumbre para la inversión, el emprendimiento y la operación empresarial formal.
Los controles han llegado al sistema de cooperativas y a las microfinancieras, áreas que históricamente han sido clave para la inclusión financiera de poblaciones rurales y urbanas que tienen menos acceso a la banca convencional. En esta línea, se ha aumentado la vigilancia sobre los préstamos, los ahorros colectivos y los esquemas de financiamiento colaborativo, con el objetivo de asegurar una mayor transparencia y cumplimiento de las regulaciones.
También se han registrado situaciones en las que las cuentas bancarias de personas o entidades han sido bloqueadas temporalmente, debido a acusaciones de estar relacionadas con actividades no permitidas o por no haber satisfecho las exigencias de actualización de datos demandadas por la nueva regulación. A pesar de que en numerosos casos no se han formulado cargos oficiales, las acciones han impactado de manera considerable en las operaciones de diferentes actores sociales y económicos.
El endurecimiento del entorno financiero coincide con un escenario de estancamiento económico, altos niveles de informalidad laboral y deterioro en los indicadores de confianza del sector privado. Las nuevas regulaciones podrían agravar este panorama, al desalentar nuevas inversiones y complicar el acceso a financiamiento formal para pequeñas y medianas empresas.
Desde la perspectiva del gobierno, las reformas son parte de un proceso de adecuación a estándares internacionales de prevención de delitos financieros, incluyendo recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No obstante, críticos apuntan que, en la práctica, las medidas han sido aplicadas de manera discrecional y han servido para consolidar un modelo de control político sobre la economía.
Dentro de este escenario, tanto agentes locales como globales miran con inquietud los cambios en el ámbito financiero de Nicaragua. La ausencia de vías formales de comunicación entre las entidades gubernamentales y privadas, junto con la falta de transparencia en la aplicación de numerosas de estas iniciativas, ha elevado la percepción del riesgo por parte de analistas e inversionistas.
La tendencia a la hiperregulación del sistema financiero no solo impacta la dinámica económica interna, sino que también complica las relaciones con entidades multilaterales, organismos de cooperación y socios comerciales. En un país donde las remesas y el comercio exterior representan pilares fundamentales del ingreso nacional, los efectos colaterales de este endurecimiento regulatorio podrían tener consecuencias duraderas sobre la estabilidad macroeconómica y la inclusión financiera de la población.
