El gobierno de Estados Unidos ha impuesto un arancel del 18% a las exportaciones procedentes de Nicaragua, convirtiendo al país centroamericano en la nación latinoamericana más afectada por la nueva política comercial impulsada por la administración de Donald Trump. La medida fue adoptada en el marco de una declaración de emergencia nacional emitida en abril, en la que el exmandatario justificó la necesidad de reequilibrar la balanza comercial y proteger sectores estratégicos de la economía estadounidense.
Este gravamen excepcional excede ampliamente el 10% que se impone de manera general en otros países vecinos y constituye un fuerte impacto para la economía de Nicaragua, que depende significativamente del comercio exterior, especialmente con su principal socio comercial: Estados Unidos. Las entidades estadounidenses sostienen que Nicaragua ha adoptado políticas comerciales vistas como restrictivas o injustas, lo que llevó a la imposición de un tributo recíproco, más estricto que el aplicado a otras naciones de América Latina como Venezuela (15%) o México (tarifas específicas).
La imposición de estos aranceles se produce en el marco de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para revisar y modificar los términos de sus relaciones comerciales, particularmente con países con los que mantiene déficits comerciales o tensiones políticas. En el caso de Nicaragua, además del argumento comercial, persisten tensiones diplomáticas por temas relacionados con democracia, derechos humanos y gobernabilidad.
El nuevo arancel del 18% comenzó a aplicarse a partir del 9 de abril. Esto ha encendido las alarmas en los sectores exportadores nicaragüenses, especialmente en aquellos rubros que dependen casi exclusivamente del mercado estadounidense, como los productos agroindustriales, textiles, manufacturas ligeras y partes de maquinaria. Empresarios y representantes del sector privado advierten que este incremento en los costos de exportación reducirá la competitividad de los productos nicaragüenses, afectará el empleo y provocará una disminución en las inversiones extranjeras directas.
A pesar de que Nicaragua es parte del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), la medida arancelaria se impuso de manera unilateral por parte del Ejecutivo estadounidense, al amparo de la legislación de emergencia. Esto ha generado preocupación por el precedente que podría sentarse y por las limitaciones que tienen los mecanismos de resolución de disputas dentro del tratado en casos de este tipo.
Desde Managua, el gobierno nicaragüense ha manifestado preocupación por la medida y se encuentra analizando posibles respuestas. Algunas opciones en evaluación incluyen la diversificación de mercados, la búsqueda de nuevos socios comerciales y el fortalecimiento del comercio intrarregional. Sin embargo, observadores económicos señalan que en el corto plazo es difícil sustituir el peso que representa el mercado estadounidense para las exportaciones nicaragüenses.
En el ámbito regional, otras naciones de Centroamérica permanecen atentas al avance del escenario. Actualmente, a pesar de sostener un arancel del 10%, los responsables de comercio temen que las restricciones puedan ampliarse o intensificarse si no se llega a un nuevo acuerdo con Washington. Sumado a esto, se teme que esta política proteccionista cause inestabilidad en los intercambios comerciales y perjudique el ambiente de negocios en la zona.
Analistas financieros están de acuerdo en que las acciones implementadas por Estados Unidos son parte de un aumento en el proteccionismo, donde se anteponen los intereses del país a las obligaciones internacionales. Esto podría impactar considerablemente a economías abiertas como la de Nicaragua, que cuentan con un margen de acción reducido frente a las decisiones unilaterales de grandes potencias comerciales.
La aplicación del impuesto más elevado a Nicaragua representa una alerta acerca de la vulnerabilidad de las relaciones comerciales desequilibradas y sobre la importancia de reforzar políticas domésticas que promuevan la diversificación económica, la innovación en la producción y la integración regional como estrategias de resistencia ante impactos externos.
